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Proyecto de Ley del Régimen Sancionatorio Aduanero en Colombia: Lo que Necesitas Saber
El comercio exterior en Colombia está enfrentando un cambio importante con el nuevo proyecto de ley que busca reformar el régimen sancionatorio y de decomiso de mercancías en materia aduanera. Esta propuesta legislativa surge tras la Sentencia C-072 de 2025, en la que la Corte Constitucional declaró inexequible el artículo 68 de la Ley 2277 de 2022, señalando que el Congreso había otorgado facultades extraordinarias al Ejecutivo sin la debida intervención legislativa; anulando con ello la validez del Decreto Ley 920 de 2023, el cual había sido expedido por el presidente bajo las facultades otorgadas por la mencionada ley.
En este nuevo escenario, la DIAN presentó un proyecto normativo que introduce cambios estructurales, como la condensación de las infracciones aduaneras, pasando de 357 a 80; también la reducción de las causales de aprehensión de mercancías pasando de 42 a 26 y la eliminación de cinco procedimientos administrativos que se consideraban innecesarios o repetitivos. Con esta simplificación la autoridad busca hacer el régimen más comprensible, operativo y justo.
De la misma manera se dio la incorporación de tres principios: proporcionalidad, máxima diligencia y justicia; aunque a su vez, se eliminó el principio de eficacia, lo cual generó preguntas en el gremio frente a la responsabilidad de la entidad
Las sanciones también fueron objeto de una revisión profunda, algunas fueron eliminadas por estar en desuso, y otras fueron reclasificadas en su gravedad, pasando de ser consideradas gravísimas a graves o leves. En varios casos, las antiguas causales de aprehensión se recategorizan como infracciones sancionables, sin que necesariamente impliquen la pérdida de la mercancía.
Un cambio importante es la tipificación de las sanciones por tipo de usuario, en la cual se indica sancionar por conducta más no por tipo de usuario, es decir que, ya no se tiene una lista de sanciones para declarantes, importadores, agentes, etc., sino un listado general de sanciones aplicables, lo cual genera inquietudes sobre la adecuada aplicación de estas sanciones y la justa identificación de responsabilidades e impactos.
El proyecto también propone aumentar algunas sanciones, las gravísimas pueden implicar sanciones de hasta 20.000 UVT o el 100% del valor FOB y los fletes. Las graves, por su parte, contemplan sanciones que pueden llegar hasta el 40% del valor de los tributos aduaneros omitidos. Y las leves se limitan a multas menores o incluso amonestaciones, por acciones de poco impacto como errores en la documentación o incumplimientos formales menores.
Para quienes participan activamente en operaciones de comercio exterior —ya sean empresas importadoras, exportadoras, agentes de aduanas o usuarios del régimen especial— este proyecto de ley representa tanto un reto como una oportunidad. Exige una revisión exhaustiva de sus matrices de riesgo, sus sistemas de control interno y sus procesos de cumplimiento normativo.
Aunque el Decreto Ley 920 de 2023 sigue vigente hasta que entre en vigor la nueva ley o hasta junio de 2026, lo recomendable es anticiparse a los cambios y prepararse con tiempo. Esto incluye entender cómo se armoniza el proyecto con el Decreto 1165 de 2019 y evaluar en qué medida las modificaciones podrían representar nuevos riesgos operativos o financieros.
En un entorno normativo que evoluciona rápidamente, estar informado no es suficiente: es fundamental contar con aliados expertos que acompañen la adaptación de los procesos a los nuevos marcos regulatorios. El régimen sancionatorio no solo castiga conductas, también promueve mejores prácticas y obliga a elevar el estándar de cumplimiento.
En Colvan, recomendamos a todos los importadores, exportadores y operadores logísticos:
- Revisar a fondo el contenido del proyecto y evaluar el impacto en sus operaciones.
- Ajustar matrices legales y de riesgo en función de los cambios propuestos.
- Prepararse para una eventual implementación, prevista para antes de junio de 2026.
- Analizar el proyecto en conjunto con el Decreto 1165 de 2019, buscando armonía normativa.
Acompañamos a nuestros clientes en cada paso del proceso aduanero, con un equipo legal y técnico altamente capacitado para interpretar, anticiparse y adaptarse a los cambios regulatorios. Estamos comprometidos con la excelencia, la legalidad y la protección de sus operaciones de comercio exterior.
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